La legislación de seguridad para fintech es una realidad en varios países de América Latina que han acogido la transformación digital y la modernización del sistema financiero para sus clientes: en algunas naciones, los parámetros y leyes fueron construidos en años recientes, mientras que otras cuentan con proyectos de leyes que aún están en evolución, pero que son tangibles en el mercado.
Dentro de los países que han impulsado normas de este tipo en la región encontramos a Colombia, México, Chile y Perú.
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El reconocimiento y la regulación de los servicios financieros fintech en Colombia dio un gran paso adelante en el año 2004, cuando la Superintendencia Financiera impulsó la consideración de cualquier servicio financiero con acceso digital —por medio de dispositivos móviles o computadores— como banca por internet.
Gracias a ello, las empresas encargadas de prestar este tipo de servicios debieron asumir ciertas responsabilidades ante el Estado al igual que los bancos, como solicitar formalmente aprobación estatal previa al lanzamiento de un nuevo producto o instrumento, por ejemplo.
Luego, en 2014 las autoridades publicaron la Circular Externa 029, la cual contempló regulaciones y parámetros concretos para el sistema financiero digital, alineados a la lucha contra el lavado de activos y otras prácticas delictivas. Algunos de los requerimientos determinados fueron los siguientes:
En concreto, los mecanismos de autenticación para operaciones en línea —monetarias o no monetarias— deben tener al menos dos factores o capas de seguridad con el objetivo de proteger la identidad digital.
Por ejemplo, los sistemas de validación que incluyen pruebas biométricas y escaneo de documentos de identidad son ideales para proteger al usuario y las operaciones y, al mismo tiempo, cumplir con las regulaciones.
Esto se asocia a la apertura de nuevas cuentas e instrumentos monetarios para garantizar la legalidad de la naturaleza de los fondos.
Las soluciones de revisión de antecedentes de potenciales clientes pueden ser muy útiles en este sentido.
Se trata de evitar duplicidades de sesiones y diferentes funcionalidades a raíz de una falla de comunicación, ya que estas son una señal de vulnerabilidad y facilitan el trabajo de delincuentes informáticos.
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El 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación de México la Ley Federal para regular las instituciones de tecnología financiera, la cual se convirtió en el pilar de la legislación fintech.
Entre los parámetros y aspectos más importantes y destacados de la regulación están los siguientes:
La ley establece que las empresas fintech deben contar con un capital mínimo de operación de 500 Unidades de Inversión para recibir la autorización que les permita prestar sus servicios, es decir, una suma equivalente a alrededor de USD 140 mil.
Asimismo, estas empresas deben poseer un plan de negocios debidamente estructurado y un estudio de factibilidad y viabilidad financiera, entre otros requisitos esenciales.
Las empresas fintech en México tienen la obligación de enviar vía correo electrónico u otros canales digitales toda la información referente a los riesgos que conllevan las inversiones en las instituciones. A su vez, los usuarios deben entregar una constancia electrónica del conocimiento de dichos elementos.
Dependiendo del producto financiero y el servicio, las fintech están en la obligación de verificar la identidad digital por medio de dos o más niveles o capas de seguridad.
Esta Ley Federal especifica que los activos virtuales o criptoactivos no son monedas de curso legal en México, pero sí pueden ser utilizadas para intercambio en el sistema financiero digital.
También, recomienda señalar conversiones o montos equivalentes a los criptoactivos de cada cliente en pesos mexicanos.
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El 8 de septiembre de 2020 en Chile comenzó a regir la Ley de Portabilidad Financiera, enfocada en permitir —tanto a personas como empresas— el cambio de proveedor de productos e instrumentos financieros de forma práctica y sin grandes costos o comisiones.
Esta medida puede valorarse como uno de los principales antecedentes de la legislación fintech en el país sudamericano, ya que busca promover la competencia, abrir paso a la modernización del mercado y facilitar que el público acceda a las nuevas alternativas del sistema financiero.
El Ejecutivo y el Congreso, además, analizan un proyecto específico de ley fintech que daría mayor reconocimiento y seguridad jurídica tanto al sector como a los usuarios.
El mercado de valores y las operaciones digitales, principalmente, son el foco de este marco regulatorio, que además establece el diseño continuo y proporcional de regulaciones a tecnologías del sistema financiero contemporáneo, tomando en cuenta que estas evolucionan, cambian y se mejoran constantemente.
Otro punto importante es el reconocimiento legal de los criptoactivos, pues contempla principios para fomentar la seguridad informática en la minería y el manejo de este moderno medio digital de intercambio.
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Perú ha avanzado certeramente en materia jurídica para el sector emergente y digital del sistema financiero: un ejemplo de esto es el Decreto de Urgencia No. 007-2020, el cual establece medidas y acciones para generar confianza en el acceso a los servicios financieros digitales con la finalidad de fomentar el crecimiento sustentable de estos servicios.
Este decreto formó parte de las medidas del paquete de emergencia para enfrentar las limitaciones comerciales generadas por el COVID-19, ya que las plataformas e instrumentos digitales se han consolidado como alternativas claves, flexibles y efectivas para mantener la dinámica de transacciones y movimientos pese a periodos de confinamiento.
La protección de datos personales, las validaciones de identidad y, en general, la protección al consumidor en el entorno digital son algunos de los pilares de estos nuevos parámetros.
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