La prevención de fraude y el fortalecimiento de la seguridad en los mercados financieros depende de diferentes aristas y acciones, entre las cuales encontramos las normas KYC y AML, que significan Know Your Customer y AML Anti-Money Laundering.
Este conjunto de técnicas y prácticas están dirigidas a la disminución y evaluación de riesgos asociados a los delitos financieros, especialmente relevantes para bancos, empresas fintech y otras instituciones financieras.
Si quieres saber con mayor profundidad qué son estos procedimientos, cómo se aplican y de qué forma están regulados, ¡sigue leyendo!
En el ámbito financiero, es fundamental entender la diferencia entre KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Anti Lavado de Dinero).
Mientras que el KYC se enfoca en la recopilación de información sobre los clientes para conocer su identidad y evaluar el riesgo que representan, el AML se concentra en detectar y prevenir actividades relacionadas con el lavado de dinero.
Ambos procesos son esenciales para garantizar la seguridad y la transparencia en las operaciones financieras.
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KYC obedece a la sigla de Know Your Customer, es decir, conoce a tu cliente. Implica el conocimiento de la identidad de los usuarios, sus actividades financieras y los riesgos que estos pueden representar.
El procedimiento KYC involucra una serie de acciones, normas y técnicas que permiten cumplir con los principios de la lucha contra el lavado de activos y otras prácticas delictivas de las que son víctimas los ecosistemas del sector financiero.
Para realmente conocer al cliente es necesario establecer y determinar su identidad, comprender la naturaleza de sus actividades económicas y evaluar riesgos de lavado de dinero. También, una vez cumplidos estos protocolos, es indispensable el seguimiento y análisis continuo de las transacciones para identificar patrones y operaciones sospechosas.
Tomando en cuenta lo mencionado, podemos valorar como buenas prácticas de KYC las siguientes acciones:
La verificación de antecedentes o background check es una de las prácticas de prevención temprana que más contribuye con el conocimiento del cliente.
Para llevarla a cabo, las empresas disponen primodialmente de dos alternativas: las consultas manuales y las realizadas por terceros.
Las manuales no son más que las indagaciones directas en bases de datos oficiales. En el caso de América Latina, algunos ejemplos son:
Por otro lado, las empresas pueden acudir a terceros que sean expertos en prevención de fraudes, que dispongan de sistemas de verificación en línea que agilizan y simplifican los procesos de consulta.
Estas plataformas permiten hacer consultas masivas y, por supuesto, se fundamentan en listados oficiales, como los mencionados anteriormente,
Evidentemente, es importante garantizar que la persona del otro lado de la pantalla es quien dice ser: la mejor forma para realizarlo es el uso de soluciones de verificación de identidad.
En los principales mercados financieros que sirven de guía para el resto del mundo, el robo de identidad es uno de los mayores problemas. En Estados Unidos, por ejemplo, representa casi USD 17 billones en pérdidas cada año.
Recursos como el reconocimiento óptico de caracteres —para escanear documentos de identidad— y las pruebas biométricas dactilares y de voz ayudan a validar los accesos para evitar fraudes y riesgos como el lavado de activos.
AML hace referencia a la sigla de Anti-Money Laundering, es decir, antilavado de dinero. Esto quiere decir que sus procedimientos abarcan leyes, regulaciones y acciones que evitan que los delincuentes “disfracen los fondos” y conviertan activos obtenidos de manera ilegal en ingresos legítimos.
Se trata de un marco regulatorio orientado principalmente a bancos, empresas fintech y otras instituciones asociadas al crédito y los depósitos.
Por ejemplo, entre las reglas de AML encontramos las asociadas al establecimiento de días mínimos de permanencia de los depósitos en las cuentas para verificar que el dinero sea de fuentes lícitas antes de aceptar nuevos movimientos y transferencias.
Dicho esto, algunas claves del Anti-Money Laundering son las siguientes:
Se trata de regulaciones internas que deben establecer bancos, empresas fintech e instituciones similares para bloquear y prevenir operaciones que sigan patrones de lavado de dinero, como transferencias múltiples en cortos periodos de tiempo y traspaso de grandes montos a cuentas recién creadas.
Las acciones de AML emprendidas por las empresas deben trabajar en conjunto con las autoridades y sus mecanismos de prevención.
Las organizaciones del sistema financiero están obligadas a informar de manera oportuna y ágil a organismos del Estado ante suspicacias y sospechas de lavado de dinero.
Diferentes países en América Latina han impulsado leyes y marcos regulatorios que le dan sustento y respaldo a las prácticas de Know Your Costumer y Anti-Money Laundering. Veamos algunos casos:
En el “gigante” de Hispanoamérica entró en vigor, en 2003, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como “Ley Antilavado de Dinero”.
La gestión y supervisión del cumplimiento de sus estipulaciones depende de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros organismos.
En el país sudamericano existe un Plan de Lucha Contra el Lavado de Activos y el Terrorismo, impulsado por el Estado, que respalda los procedimientos KYC y AML.
Las reformas y actualizaciones a la Ley Penal Contra el Lavado de Activos y la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera son algunas de las medidas que han sido desarrolladas por el programa.
El marco regulatorio contra el lavado de activos y la identificación de la naturaleza de fondos se amplió en 2003 con la promulgación de la Ley 19.913, la cual creó la Unidad de Análisis Financiero.
Esta institución se dedica a la supervisión del sistema financiero chileno con el objetivo de evitar que sea utilizado para movimientos ilícitos y la administración de dinero obtenido mediante actividades criminales.
Colombia regula el acceso, tratamiento y protección de información financiera e impulsa la prevención del lavado de activos por medio de diferentes decretos, leyes y medidas: algunos ejemplos son la Ley Sobre Tratamiento y Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso de la Información.
También, el país creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la cual busca prevenir e identificar el lavado de activos y otras prácticas ilícitas.
¡Ya llegamos al final! Ahora conoces cuáles son las prácticas de conocimiento del cliente y lucha contra el lavado de activos.
Como ves, tanto los procedimientos KYC como los AML son respaldados por la legislación de distintos países de América Latina e incluso por normativas e intercambios internacionales de información: todos apuntan a la transparencia y la estabilidad del sistema financiero.